Empresarios estudian recurrir a organismos internacionales

Según dijeron a En Perspectiva fuentes de las gremiales patronales, lo que analizan en una primera instancia es plantear un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva norma, y luego evalúan ir ante la OIT (Organización Internacional del Trabajo) e incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El presidente de la Cámara de Industria, Javier Carrau, dijo que hoy comenzarán a trabajar en los pasos a seguir. Cada una de las grandes cámaras contratará a un abogado constitucionalista y luego, en conjunto, con todos los informes sobre la mesa resolverán los pasos a dar.

“No nos sorprende que se haya aprobado, esto se veía venir. Y todo lo que nos dijeron algunos senadores del gobierno, de que no lo iban a votar, finalmente no ocurrió. Se dieron vuelta 180 grados y lo terminaron aprobando”, afirmó Carrau. Y prosiguió: “creo que es triste y es un error”.

Aprobación

Tras nueve horas de debate y por 16 votos en 29 legisladores presentes, la Cámara de Senadores completó la sanción parlamentaria del proyecto de Ley de Responsabilidad Penal del Empleador que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La sesión de la Cámara Alta fue seguida por cientos de sindicalistas quienes instalaron una pantalla gigante en las afueras del Palacio Legislativo.

El Senador Comunista, Eduardo Lorier, miembro informante por el Frente Amplio, aseguró que esta ley servirá para evitar que más empleados mueran en sus puestos de trabajo:

«En un período de cinco años se produjeron 274 muertes confirmadas. O sea, 47 muertes por año. ¿No existen estadísticas? Pues hay que entrar en las páginas del INE y allí aparece este dato, para que aquellos que me hacen con la cabeza que no existen estadísticas», dijo Lorier.

Los 16 senadores del Frente Amplio cumplieron con el acuerdo que habían alcanzado en la noche del lunes y votaron a favor del texto, tal como había sido aprobado por diputados.

Algunos, sin embargo, argumentaron en contra de la iniciativa. Así lo hizo, por ejemplo, el líder de Alianza Progresista y miembro del Frente Líber Seregni, Rodolfo Nin Novoa:

«La bancada de senadores del gobierno adoptó una decisión en la noche de ayer, de 9 a 7, de aprobar en el día de hoy esta ley y como consideramos que en las bancadas de cualquier gobierno tiene que existir unidad de acción, daremos nuestro voto afirmativo con el agregado que estamos totalmente de acuerdo con el objetivo y el fondo de la ley. Nos hubiera gustado una redacción diferente, que (la) blindara más (de) alguna posibilidad de que fuera atacada por cuestiones de inconstitucionalidad», sostuvo Nin.

Por su parte, los trece senadores de la oposición presente en sala votaron en contra de la iniciativa.

El Senador Pablo Abdala, líder del sector Corriente de Acción Renovadora del Partido Nacional, consideró que la nueva ley genera una situación “de enorme gravedad porque hace tabla rasa”. “No distingue entre buenos y malos”, aseguró Abdala.

«A los malos hay que perseguirlos y encarcelarlos. Por supuesto. Y si actuaron deliberadamente como querían introducir el concepto algunos integrantes de la bancada del FA pues entonces, frente a esa intencionalidad manifiesta y demostrable, cárcel, proceso penal y condena. Sin duda. Ahora cuidado que con el afán de castigar a los malos no terminemos castigando a los buenos. Y en definitiva esto que no distingue entre buenos y malos, honestos y deshonestos, cumplidores e incumplidores porque ese va a ser el resultado objetivamente creo que nos puede generar problemas que en última instancia – yo no soy apocalíptico ni agorero de la tragedia – pero no creo que sea la mejor manera de ayudar a construir que es un sistema de relaciones laborales armónico donde la confianza recíproca (…) sea un objetivo que entre todos tenemos que intentar alcanzar», expresó Abdala.

El texto aprobado tiene tres artículos. El más importante de ellos (y el que generaba las mayores discusiones y polémicas) es el primero, que dice:

“El empleador, o en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección de la empresa, no adoptaren los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto, la vida, la salud o la integridad física del trabajador, serán castigados con tres a veinticuatro meses de prisión”.

EL ESPECTADOR