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José Ignacio: reclamó terreno con firma de un muerto

Una persona reclamó un terreno en José Ignacio presentando un contrato con una persona que había fallecido 16 años antes. El caso está en la Justicia Civil y, en pocos días, pasará a la órbita Penal.

Ernesto Lewy Levi, un empresario belga domiciliado en Montevideo, falleció el 18 de abril de 1970. Entre sus activos dejó varias propiedades; una de ellas un predio de 450 metros cuadrados ubicado sobre la ruta 10 en La Juanita, José Ignacio.

Lewy Levi fue un importante inversor que, en la década del `50 y `60, adquirió extensas porciones de tierra en la costa del departamento de Maldonado. La Juanita de José Ignacio y Santa Mónica, entre otros, fueron comprados por este desarrollista, conocido por su apodo de «Jean Clevers», que usaba para escribir historias.

En Punta del Este fue reconocido por haber creado el Jean Clevers, ubicado a la altura de la parada 7, donde hoy existe un hotel con el mismo nombre.
Herencia.

La apertura de sucesión de Lewy Levi fue iniciada dos meses y medio después de su fallecimiento.

Sin embargo, a fines de 1973 quedó trunca y fue archivada, según un amigo de Lewy Levi.

Este conocido del fallecido se presentó ese año ante la Justicia solicitando que la herencia de Lewy Levi fuera declarada yacente: es decir, que sus bienes fueran subastados. Según el Código Civil, una parte de los bienes yacentes se entregan a Educación Primaria y otra parte al denunciante. A fines de 2012, El País informó que la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP) tenía en trámite medio millar de herencias yacentes.

De todas formas, ambos trámites, tanto la sucesión como la yacencia, fueron archivados.

Desde entonces, el predio fue manejado por una familia del departamento de Maldonado que, en el 2010, resolvió iniciar los trámites de prescripción adquisitiva. El escrito fue presentado el 25 de abril de ese año en el Juzgado de Paz Departamental de San Carlos, con jurisdicción en la zona ubicada al este del arroyo Maldonado.

El escrito fue acompañado de varios documentos del belga, entre ellos el certificado de defunción del empresario.

Pocos días después, una persona de la Ciudad de la Costa se presentó en el mismo juzgado reclamando la propiedad del inmueble.

Su abogado presentó una fotocopia autenticada de una supuesta escritura pública firmada el 4 de abril de 1986 por su cliente y Ernesto Lewy Levi. El vendedor llevaba casi 16 años fallecido.

«Mi representado celebró un compromiso de compraventa con respecto al inmueble de autos el día 4 de abril de 1986, adquiriendo así los derechos de promitente comprador del señor Ernesto Lewi Levi», sostuvo el abogado de la persona que reclamaba el predio. A su vez, negó la posesión del terreno por un tercero.

Al finalizar su escrito, el abogado pidió a la magistrada la anulación del proceso de prescripción.
Respuesta.

La otra parte reaccionó iniciando un juicio «por tacha de falsedad de documento público» con el objetivo de anular la promesa de compraventa.

«Como ya fue dicho en el escrito presentado el 25 de abril de 2012, el que fue acompañado de la partida de defunción de Ernesto Lewi Levi, acreditando de esa forma que la fecha de su muerte fue el 18 de abril de 1970. Lo antedicho demuestra que es imposible que Ernesto Lewi Levi haya suscrito el compromiso de compraventa por estar fechado el mismo el 4 de abril de 1986, es decir, 16 años después de su muerte», afirmó el abogado de la otra parte, quien solicitó la anulación mediante «tacha de falsedad» de la promesa adjuntada por quienes reclaman el predio.

«Asimismo, entiendo que estamos ante la posibilidad de la existencia de un delito, por lo que corresponde a mi interés se dé cuenta al tribunal competente en lo penal», continuó.

Fuentes del caso señalaron que otro abogado de Maldonado y una escribana de José Ignacio iniciaron demandas civiles y penales contra quienes reclaman el predio.

Se espera que la jueza se expida en los próximos días por el pedido del abogado que inició el procedimiento de «tacha de falsedad». Una vez que esto ocurra, el caso pasará a la órbita de la Justicia Penal, donde puede haber procesamientos.

EL PAIS

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