Lorenzo y Calloia: defensa presentará nuevas pruebas para demostrar inocencia

Las defensas del exministro de Economía Fernando Lorenzo y del presidente del Banco República, Fernando Calloia, anunciaron que presentarán nuevas pruebas para demostrar la inocencia de ambos jerarcas.

Ayer, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad contra el delito de abuso innominado de funciones interpuesto por las defensas Lorenzo y Calloia. De este modo, la jueza del crimen organizado Adriana de los Santos queda habilitada para resolver sobre el pedido de procesamiento cursado por el fiscal Juan Gómez contra Lorenzo y Calloia, por las irregularidades en el otorgamiento del aval por 13 millones 600 mi dólares a la empresa Cosmo para que participara en la subasta de los aviones que pertenecían a Pluna S.A.

Gómez basó su pedido de procesamiento del ex ministro en el hecho de que el jerarca “en su carácter de ministro de Economía, abusando de poder funcional que le confiere su posición institucional, arbitrariamente operó como garante verbal de una aerolínea privada extranjera, que no cumplía en tiempo y forma con los requisitos exigidos por la normativa vigente y se encontraba entre otros interesados en participar en el remate de las siete aeronaves de la exPluna».

Con respecto a Calloia, Gómez sostuvo que “instruyó al personal subordinado a efectos de conceder indebidamente el cuestionado aval, sin la información necesaria, permitiendo que en definitiva Cosmos fuera el único mejor postor” en la subasta de los aviones Bombardier de la exPluna.

Jorge Ruibal Pino, ministro de la SCJ, explicó ayer a los medios la forma en la que se adoptó el falló.

«La Corte, por unanimidad, falló de acuerdo a la jurisprudencia anterior a la corte declarando que es constitucional. Las dos resoluciones fueron anticipadas, se fundaron en la jurisprudencia que tiene la Corte».

El vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, agregó que los ministros basaron su fallo en los mismos argumentos de una resolución de 2005, ante un caso similar. Por ese motivo, el fallo se cataloga como una «decisión anticipada» de la Corte.

En aquella instancia de 2005, la Suprema Corte de Justicia – en esa época presidida por el dr. Daniel González Proto – concluyó que la norma que impone el «abuso de funciones» no es inconstitucional dado que «cumple con los requisitos de haber sido previamente establecida por la ley, definiendo el tipo de delito alcanzado, resultando la aplicación de la pena la consecuencia de una manifestación externa de la conducta del agente, en función de lo cual no puede imputársele no haber cumplido con el principio de legalidad tutelado constitucionalmente y consagrado por los artículos 1 y 85 del Código Penal».

A todo esto, Gonzalo Fernández, abogado de Calloia, anunció que presentará nuevos documentos para demostrar la inocencia de su defendido en cuanto a que no se violaron normas durante el proceso de otorgamiento de aval a Cosmo. Se presume que son documentos que indican que con el aval no se favoreció a la empresa Cosmo en detrimento de otras dos firmas, como dice el fiscal Juan Gómez, ya que no hubo otros interesados, aparte de Cosmo, en participar de la subasta de los aviones.

Por su parte, Amadeo Ottati, jefe de la defensa de Lorenzo, se mostró sorprendido con la rapidez con que la Suprema Corte de Justicia se expidió acerca del recurso de inconstitucionalidad que había presentado contra el delito del que se acusa a su patrocinado.

Consultado por En Perspectiva, Otatti dijo que la decisión de la Corte está ajustada a derecho y que era una de las alternativas posibles, aunque mostró su sorpresa por la “celeridad” con la que procedieron los ministros.

“No hay nada que esté contrario a la ley, pero parecería como que los argumentos que realizamos nosotros eran iguales a los de los casos anteriores”.

La jueza de los Santos indicó a Canal 10 que la Corte todavía no le devolvió el expediente con la resolución a favor de la constitucionalidad del delito que pesa sobre Calloia y Lorenzo, y puntualizó que recién cuando lo tenga otra vez en sus manos resolverá si dicta procesamiento o no. Para ello, dijo, analizará si las pruebas presentadas son suficientes.

Esta nueva resolución alcanza también al recurso presentado por la defensa del intendente Walter Zimmer, sobre quien también pesa una solicitud de procesamiento por abuso de funciones.

El caso se remonta a una denuncia contra Zimmer y el director de Hacienda de Colonia, José Aunchain, presentada en mayo de 2010 por el entonces intendente, Alfredo Martínez.

El ex jefe departamental denunció maniobras sobre empadronamientos de vehículos a través de gestorías privadas durante 2008 como parte de la llamada “guerra de patentes” y que implicaron precios más bajos de patente para atraer a contribuyentes de otros departamentos.

Desde el sistema político, la senadora Lucía Topolansky, del MPP, dijo a Canal 12 que la decisión de la Corte significa un problema para el Parlamento, que estaba cerca de derogar el delito.

«Esta situación la pone en un brete porque también yo pienso que en la SCJ también se habrá valorado esto. ¿Y ahora cómo seguimos para la modificación del Código? No sé, habrá que esperar».

Por su parte, el senador colorado José Amorín dijo al mismo medio que «hay que ver cómo terminan estos procesos» antes de analizar la derogación del delito. De igual forma, recordó que su fuerza política “siempre ha estado en contra de este delito y el Frente Amplio siempre a estado a favor».

Fuente El espectador