MSP dio marcha atrás y emitió un nuevo decreto sobre sífilis
En vez de obligar a las embarazadas, les recomienda ir a las consultas con sus parejas.
En setiembre de 2012 el Ministerio de Salud Pública (MSP) decretó que la sífilis congénita es “un riesgo para la salud colectiva y por tanto constituye un peligro público”. En una polémica norma –cuya firma estampó el exministro de Salud Pública, Jorge Venegas, sin consultar a su gabinete de directores– estableció la obligatoriedad de que todas las embarazadas con sífilis identificaran a sus parejas sexuales para poder tratarlas y así evitar el contagio al bebé. El polémico decreto preveía incluso la intervención de la Policía en caso de que alguna mujer se negara a colaborar. En la Facultad de Medicina tildaron el texto de “ilegal”, “inconstitucional” y “violento”.
Casi un año y medio después,el MSP dio marcha atrás al aprobar un nuevo decreto que modifica el contenido del anterior. El nuevo texto no incluye obligaciones, sino recomendaciones: “A toda mujer embarazada se le recomendará que concurra acompañada por su pareja sexual al menos a una consulta”, señala el documento que fue publicado ayer en el portal de Presidencia.
En esas instancias se le informará a la pareja acerca de las prácticas que previenen la sífilis, la forma de detectar la enfermedad y cómo evitar el contagio al bebé.
El decreto anterior no llegó a aplicarse en los centros de salud debido al rechazo que generó en el cuerpo médico en general.
Según supo El Observador, algunas policlínicas municipales lo pusieron en práctica aunque intentaron limitar al mínimo la intervención policial. Algunos hombres identificados como parejas sexuales de las embarazadas recibieron una citación por escrito para acudir al centro de salud.
La postura contraria de la cátedra de Medicina Legal determinó que a fines de 2012 el MSP consultara a otras cátedras de Medicina su opinión acerca del decreto. Mientras tanto siguió vigente y su aplicación se mantuvo librada al criterio de cada director.
De madre a hijo
La sífilis congénita viene en aumento en Uruguay. El 4,3% de las embarazadas tratadas en 2011 en el Hospital Pereira Rossell presentaban la enfermedad y el 2,6% de los recién nacidos tenían sífilis congénita. La organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el límite sea de 0,5%.
La paradoja de la enfermedad es que tratarla es muy sencillo: con tal solo una inyección de penicilina, que cuesta $ 200, se previene el contagio de la embarazada al bebé. En cambio, asistir en un CTI a un niño que nace con la enfermedad puede llegar a costar US$ 20 mil.
El nudo del asunto es que a menudo las embarazadas vuelven a enfermarse porque sus parejas están infectadas. Esto es difícil de manejar si la mujer no asiste a los controles periódicos o miente acerca de su pareja.
No es común que un adulto muera por sífilis hoy en día. Sin embargo, la sífilis congénita implica dificultades graves: abortos, prematurez, así como complicaciones neurológicas, renales, pulmonares o hematológicas. En algunos casos puede ocasionar la muerte o dejar secuelas graves.
Un decreto “violatorio de derechos”
Cuando se decretó en 2012 la obligatoriedad para las embrazadas enfermas de sífilis de que concurrieran a las consultas con sus parejas, la primera institución que lo rechazó fue la Facultad de Medicina. “El respeto a la privacidad y confidencialidad de la consulta y demás derechos de pacientes y usuarios del sistema de salud no solo es un problema de derechos humanos, sino que tiene el mayor interés para la salud colectiva”, opinó un especialista en medicina legal durante un ateneo. Argumentó que por ese motivo, el decreto ahora derogado era “violatorio de esos derechos” y, por lo tanto, “excesivo”. Incluso, la cátedra de Medicina Legal y la Unidad Académica de Bioética lo llegaron a considerar “inconstitucional”. A pesar de estas duras críticas, hubo quienes sostuvieron que el decreto era una herramienta válida para frenar el avance de sífilis en el país. Ese fue el caso de la ginecóloga Fernanda Nozar, directora del programa de prevención de cáncer de cuello de útero del Ministerio de Salud Pública. Al momento de aprobarse el decreto anterior, Nozar dijo al portal 180 que si bien era una medida polémica, podía ser eficiente y “fantástica” para prevenir la sífilis en los recién nacidos. La ginecóloga elogiaba que el decreto contemplara a las parejas de las embarazadas, ya que muchas veces se detecta la enfermedad en la mujer, esta recibe la vacuna, pero luego tiene relaciones con su pareja y vuelve a enfermarse.
Fuente: El Observador
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