Riesgo de colapso para «El Palomar»

El Complejo Habitacional 20 de la Rambla Sur será demolido. La Agencia Nacional de Vivienda asegura que otorgará soluciones a las 96 familias que lo habitan, a algunas de las cuales les serán tasados sus departamentos en hasta US$ 95.000.

En 1937 nació el Instituto Nacional de Viviendas Económicas (INVE), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, con el objetivo de dar soluciones habitacionales (mediante la venta o el arrendamiento) a empleados del Estado, jubilados y pensionistas.

El Complejo Habitacional 20 fue una de esas soluciones, que se construyó en el Barrio Sur cuando nadie estaba dispuesto a pagar demasiado por vivir al lado de un tanque gigante de gas, aunque fuera con la privilegiada vista de la rambla.

El CH 20 (popularmente conocido como «El Palomar») es una de las peores postales de la rambla. Y un dolor de cabeza para las autoridades desde hace años. Pero allí viven 96 familias, entre las que encuentran propietarios, personas con deudas y ocupantes ilegales.

«Se maneja una solución habitacional para cada familia, de viviendas reparadas, recuperadas y en buen estado. Hasta ahora lo que hay son 120 viviendas disponibles que le pertenecen a la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), al BHU, o que se han comprado en el mercado», declaró a El País Diego Piñeiro, portavoz de la ANV.

Un informe técnico advierte por un «riesgo actual de colapso de la estructura de hormigón», por lo que las autoridades han decidido poner fin a la historia de CH 20, cuyas obras se iniciaron en 1964, siendo adjudicado por INVE 4 años más tarde.

La ANV pretende que al 31 de marzo el edificio ya esté completamente vacío. Una semana después comenzaría su demolición.

 

Piñeiro indicó que el CH 20 fue construido en la década del `60 con un sistema de lozas de hormigón prefabricado y que desde hace años adolece de patologías en su estructura. «En esa época se utilizaba como acelerante en el proceso de los moldes de hormigón un componente que hoy está prohibido porque atenta contra la cobertura de hierro; la corroe», explicó el portavoz de la ANV.

Según el informe técnico que aconseja la demolición del complejo, el Estado gastó entre la construcción original y las actuaciones posteriores de mantenimiento más de US$ 4 millones, «con una mínima recuperación de lo invertido».

A su vez, se indica que entre junio de 1984 y julio de 2000 el BHU invirtió otros US$ 635.000 en reparaciones.

«Se empezó a tomar cuenta de la gravedad de la situación en 2011, cuando se hace el retiro de unas tapajuntas que se estaban desprendiendo y se empiezan a hacer investigaciones para ver qué posibilidades había de reparar la estructura. En junio de este año, los informes son contundentes. O se hace una intervención radical o -lo que surge como más viable- se relocaliza la gente y se hace una demolición», señaló Piñeiro.

«Las vigas hoy están al aire porque prácticamente no hubo mantenimiento y el edificio ha estado sometido a una cierta salinidad del lugar. Se fue acelerando el proceso. Pero el problema está en el hormigón, que está deteriorando las estructuras de hierro desde adentro. Por eso, no hay forma de lograr una reparación que sea viable a mediano plazo. Se puede hacer un revestimiento, pero en tres o cuatro años vuelve el problema. Por eso se tomó la decisión de demoler», añadió.

En 43 años, las tareas de mantenimiento general del complejo han sido escasas.

«Cuando esas viviendas se entregaron se cobraban cuotas de $ 1. Era un valor simbólico. Por eso, entre otras cosas, no tuvieron mantenimiento, porque la composición social es de bajos recursos (el 60% de las familias se encuentra bajo la línea de pobreza). No se pudieron generan comisiones administradoras y cobrar gastos comunes para el mantenimiento», indicó el portavoz de la ANV.

Tasaciones.

Los vecinos saben que sus apartamentos no valen más de US$ 25.000 o US$ 30.000. Pero la Agencia de Vivienda está dispuesta a ofrecer por ellos cifras que van desde US$ 60.000 a US$ 95.000.

De todos modos, los inquilinos no recibirán dinero, sino casas. «La ANV lo que hizo primero fue pedir una tasación de Catastro, aunque para el caso de la finca ruinosa, esa tasación es `cero`. Se pasó entonces al paso previo a lo que sería la finca ruinosa, que dio tasaciones de unos US$ 25.000 para apartamentos de un solo dormitorio. Lo que se hizo después fue retasarlas a valores como si estuvieran reparadas, lo que dio otro número por encima de los US$ 40.000», explicó Piñeiro.

«Por último, lo que se hizo fue una tasación de mercado tomando en cuenta las características de la zona», complementó el funcionario de la ANV.

Todo este proceso derivó en tasaciones de más de US$ 60.000 para los apartamentos de un dormitorio y de más de US$ 95.000 para los de tres.

«Esos valores son los que se han gestionado para la compra de viviendas y como solución a la salida. Lo que se está buscando es acordar con las familias qué situación tienen y ofrecer las carteras de viviendas disponibles», añadió Piñeiro.

De todos modos, los vecinos desalojados del CH 20 también podrán buscar viviendas por fuera de la cartera de la ANV y del Banco Hipotecario. «Las familias tienen la opción de averiguar y la ANV las comprará», sostuvo Piñeiro.

EL terreno.

La Agencia asegura que no hay un destino decidido para el predio que hoy ocupa el CH 20.

«Lo que sí se tomó es una decisión (porque se especulaba que se desalojaba a la gente para hacer una torre 5 estrellas): en ese lugar no se van a hacer viviendas, ni espacios comerciales», declaró Piñeiro.

Un balcón gris hacia la rambla

El 60% de las familias del CH 20 (Cuareim y la rambla) se encuentra bajo la línea de pobreza y el 1% bajo la línea de indigencia.

El 100% de los apartamentos del complejo tiene humedades por azotea, ya sea por juntas de paneles, ductos o pérdidas de otras unidades.

Muchas de las viviendas presentan dificultades con importante afectación de la habitabilidad, riesgo eléctrico y hacinamiento.

Existe una deuda de agua del conjunto con la OSE y de tributos con la Intendencia de Montevideo por $ 1.557.000. Esta deuda será absorbida por el Estado. De las 96 familias, 45 han cancelado sus saldos y por tanto tienen completamente regularizada su situación. Otros tienen deudas y hay 15 ocupantes ilegales.

Según la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), no hay un destino para el valioso predio en el que está este edificio de la rambla. De todos modos, se ha decidido que el espacio no estará destinado a ningún tipo de proyecto de vivienda o de índole comercial.

La ANV pretende que al 31 de marzo el edificio esté completamente vacío. El perímetro será vallado y una semana después comenzaría su demolición.

Protestas y dudas de vecinos

«La noticia la recibimos como un baldazo de agua fría, porque permanentemente, durante años, se han hecho solicitudes de arreglo del edificio», declaró ayer a El País una de las vecinas del complejo del Barrio Sur.

«Este edificio es muy complejo, por los mismos vecinos y por el deterioro. Siempre pedimos colaboración, y ahora llegamos a esta circunstancia», añadió la mujer, quien vive en el CH 20 desde hace diez años.

«Dicen que va a haber soluciones, pero tienen un costo. Los titulares no pagarían, pero los demás sí», aclaró la vecina, quien aseguró desconocer en cuánto le tasarán su vivienda y a dónde irá a vivir.

Desde el ámbito político, el edil Miguel Di Ruocco (PN) dijo a El País que «hay inmobiliarias comprando apartamentos del edificio» y «gran interés de empresas de construcción en ese lugar».

«¿Por qué varias empresas constructoras que edifican en los alrededores casualmente tienen interés en ese espacio?», se preguntó el edil de la Lista 71. Di Ruocco agregó que hay documentación del año 2010 que ya alertaba sobre la realidad estructural del complejo.

 

Fuente: El Pais