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Uruguay: país con más policías por habitantes

La inseguridad es uno de los temas que más preocupa a los uruguayos y suele asociarse a la falta de policías patrullando las calles. Sin embargo, mientras el Ministerio del Interior procesa la información de 2.000 postulantes para cubrir 220 cargos de agente de segunda, un informe de CAF —banco de desarrollo de América Latina—, revela que Uruguay es el país con más policías por habitantes de la región, con 809 efectivos cada 100.000 uruguayos.

El promedio de América Latina es de 368 policías cada 100.000 habitantes y supera el de países más desarrollados como Estados Unidos y Canadá, que tienen un promedio de 223 y 202, respectivamente.

Según datos del Ministerio del Interior, la cantidad de policías ejecutivos en el país ronda los 30.000 efectivos. El 81% de los funcionarios de la cartera son ejecutivos, el 9% administrativos, el 6% especializados, el 2% técnico-profesionales y otro 2% revisten en el subescalafón Servicios, según el último censo realizado por la Facultad de Ciencias Sociales.

El Reporte de Economía y Desarrollo 2014. Por una América Latina más segura: una nueva perspectiva para prevenir y controlar el delito, que será presentado esta tarde en el hotel Sheraton con la presencia del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, advierte que el aumento de efectivos policiales no siempre favorece la reducción de los delitos.

“Determinar la relación causal entre el tamaño de la policía y el crimen es difícil porque las ciudades y los países con mayores niveles de criminalidad en general tienden a tener fuerzas policiales de mayor tamaño”, dice el documento.

Señala también que es frecuente que se mida el éxito o fracaso de la fuerza por variables intermedias, como la cantidad de arrestos que realizan, pero asegura que la principal función de una Policía efectiva debe ser “el control y la prevención” y que su éxito o fracaso debe medirse por su efectividad en el logro de este objetivo.

Desde el año 2013 que el Ministerio del Interior puso en marcha en la capital del país la Unidad de Respuesta Policial de Montevideo (URPM) con unos 220 efectivos destinados a patrullar por turno de ocho horas. En las últimas semanas la cartera volvió a anunciar un nuevo sistema que apostará a la concentración de policías en aquellas zonas de mayor ocurrencia delictiva, que fueron identificadas por el mapeo de las denuncias y hechos policiales.

Según el documento del CAF, en el diseño de políticas públicas para que sean eficientes, se debe tener en cuenta la magnitud del efecto de la política sobre los distintos crímenes y comparar los beneficios de la reducción del delito con los gastos necesarios para contratar más policías. “La presencia policial es efectiva para reducir los niveles de inseguridad ciudadana, pero lógicamente esto no significa que se debe contratar policías hasta que el delito desaparezca”, dice.
Denuncias.

Para que la Policía tome conocimiento de un delito tiene que ser testigo del hecho, lo cual no es tan frecuente, o que la víctima o un tercero radiquen la denuncia. Pero no todas las víctimas de un delito deciden denunciarlo.

El reporte de CAF asegura que en las principales ciudades de América Latina, solo se denuncia un 45% de los delitos. Los motivos por los que no se deja constancia son la falta de confianza en la capacidad o disposición de la Policía para resolver el problema (48% de las víctimas responden que no denunciaron porque “la Policía no habría hecho nada”) y la falta de confianza en la Policía como institución (14%).

También advierte como un problema en la región la situación de los delincuentes un vez que son detenidos y sometidos al Poder Judicial: América Latina y el Caribe tienen la menor cantidad de personas condenadas por delito, 4,5 por cada 100 delitos.

“América Latina y el Caribe muestran tasas de detención y procesamiento en una situación intermedia, pero con un bajo ratio entre condenados y procesados (31%, versus 66% en América del Norte y el 71% en Europa)”.
Droga: “Estados deberían apostar a la demanda”.

El informe de CAF —banco de desarrollo de América Latina— cuestiona las políticas de Estado que apuestan a prohibir o regular la producción o comercialización de drogas y no trabajan para disminuir la demanda. Advierte que la erradicación total de los mercados ilegales es una meta “difícil de alcanzar” y que, por el contrario, puede generar “ciclos de violencia pronunciados”.

“Las políticas de control de oferta parecerían dejar a los Estados ante una difícil elección entre dos objetivos que no se pueden cumplir simultáneamente: reducir los costos asociados a la existencia de mercados ilegales (como la violencia y corrupción) y reducir los costos directos e indirectos del uso de las drogas”, explica el informe Por una América Latina más segura: una nueva perspectiva para prevenir y controlar el delito.

El documento menciona el caso uruguayo, dice que es el primer país del mundo en legalizar la marihuana, aunque no cuestiona directamente la medida adoptada por la administración del expresidente José Mujica para intentar enfrentar el narcotráfico. “Los Estados pueden decidir prohibir o regular la producción, comercialización, y consumo de drogas, pero si esta prohibición no logra desestimular la demanda, algunos individuos podrían pagar precios más altos para conseguir estas sustancias, elevando las rentas potenciales del mercado ilegal. Estas rentas son aprovechadas por individuos y organizaciones, que como no pueden recurrir al sistema judicial, a la policía o a entes gubernamentales para hacer cumplir los contratos y garantizar derechos de propiedad, optan por usar la violencia o la amenaza como mecanismo sustitutivo del rol del Estado”, explica.

EL PAÍS

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