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Farmashop recurre al TCA y denuncia «expropiación»

Farmashop y San Roque presentaron demandas de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra el decreto del gobierno que impide a una sola cadena de farmacias tener más de 15 locales.

Además, Farmashop prepara una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, a quien reclamará una reparación económica y que interceda ante el Estado uruguayo para lograr una conciliación.

La demanda de Farmashop ante el TCA sostiene que «el decreto viola la Constitución de la República, las leyes vigentes sobre el sector farmacéutico y sobre competencia de mercado, así como también lo acordado por Uruguay en tratados de protección de inversión con España, Holanda y Canadá».

Farmashop se presentó ante el TCA el pasado viernes y, según supo El País, San Roque hizo lo mismo.

El Decreto 369 de noviembre de 2013 pone un tope de 15 al número de locales que puede tener una misma cadena (Farmashop opera 92 farmacias y San Roque 35, pero no deberán deshacerse de ninguno de los locales con los que cuentan hasta ahora pues el decreto no es retroactivo). Además, se prohíben para las farmacias los centros de distribución y de call centers, las ventas por internet, la comercialización de genéricos y marcas propias, y se establecen límites de distancia de 1.000 metros entre farmacias de un mismo dueño.

Farmashop sostiene que tanto ellos, como San Roque, recibieron «un golpe» cuando se anunció el decreto, ya que ambas estaban «invirtiendo en nuevos locales y remodelando los existentes».

Según la denuncia, la disposición del gobierno de José Mujica «redujo drásticamente el valor de las farmacias independientes», que son unas 980 en todo el país, aunque solo Farmashop y San Roque cuentan hoy con más locales de los que son permitidos.

Fundamentos.

Farmashop sostiene que el decreto «lesiona el principio constitucional de igualdad, cuando impide en forma arbitraria la venta de productos por internet o a través de un call centers, mientras que otros operadores de mercado lo pueden hacer sin obstáculo (como supermercados, pañaleras, etc.)».

Por otra parte, advierte una violación al artículo 7º de la Constitución sobre derecho a seguridad jurídica, porque «implica un brusco cambio en las condiciones bajo las cuales se venía realizando una actividad lícita por muchos años».

Farmashop manifiesta que ahora «no puede vender su negocio salvo que lo desmembre, con las pérdidas que eso genera».

Por otra parte, la firma argumenta que los rótulos de «concentración» o «monopolio» no se corresponde con un mercado en el que Farmashop tiene 9,4% de los locales.

Además, se acusa que el decreto es «ilegítimo» ya que «no fue dictado en acuerdo con la cartera competente», en referencia a la de Economía y Finanzas. El decreto fue firmado por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Además, la empresa acusa al Estado de llevar a cabo una «expropiación indirecta», al entender que «las prohibiciones lesionan derechos legítimos de las empresas».

También agrega que el decreto viola el principio de «reserva legal» porque la Constitución no permite limitar derechos por esta vía. Y en ese sentido, recuerda que el propio presidente Mujica sostuvo que se trataba de una medida provisoria, y que la regulación apuntaban a realizarla con otra norma. «Este decreto no pretende resolver las cosas, es apenas ganar tiempo para sacar una ley de farmacias que se está discutiendo», dijo el jefe de Estado en su momento.

Farmashop también denuncia la violación de la «Ley de Promoción y Defensa de la Competencia». Y en este sentido vuelve a desatracar que el grupo tiene 9,4% de los locales y cuenta con 5,7% del volumen de ventas de medicamentos por lo que, señala, «no puede ejercer una posición dominante».

Además, asegura que lejos de imponer condiciones en el mercado, el sector de farmacias es «tomador de precios», porque esos valores «son mayormente fijados por los laboratorios».

Por último, el documento de Farmashop sostiene que el decreto viola los tratados de protección de inversiones que Uruguay mantiene con países como España, Holanda y Canadá. Aunque la firma es un fondo canadiense, dentro de la estructura corporativa del fondo hay compañías españolas y holandesas.
Pretendían tener unos 130 locales

Farmashop también ha advertido que el decreto del gobierno pone en peligro su plan de negocios, pues su idea era tener 130 locales en el país (hoy cuenta con 94).

Pero, pese a que esta es la firma que tiene más locales junto a San Roque, que cuenta con 35, estas no fueron las únicas que presentaron ya recursos ante el Ministerio de Salud Pública (MSP). Unas 23 farmacias que cuentan con menos de 15 locales (el máximo que permite la ley), también se presentaron ante la cartera por entender que el decreto posiciona a Farmashop y San Roque como líderes perpetuos.

Hace dos meses ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados la ministra Susana Muñiz dijo que de existir una disposición judicial que lo indique se retirará el decreto.

EL PAÍS

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