Gobierno plantea nuevas exigencias ambientales millonarias a Aratirí

Una de las cosas que más le preocupan al presidente José Mujica es el día después. Qué pasará con el territorio y la población involucrada una vez que la minera Zamin Ferrous (Aratirí) termine de extraer las toneladas de concentrado de hierro que tiene pensado sacar durante 20 años de Valentines (Treinta y Tres). Lo ha dicho ante sus ministros en las reuniones de gabinete, y por eso ordenó al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), trabajar en decretos reglamentarios de la ley de minería de gran porte. Uno de ellos refiere al plan de cierre que las empresas de megaminería con permiso de extracción deberán cumplir.

La ley aprobada el año pasado dedica un capítulo entero al plan de cierre de esas empresas, pero lo expresa en términos de objetivos, bajo determinados parámetros. Sin embargo, no dice cómo deben cumplir con esa exigencia.

En su proyecto entregado en 2011, la minera Aratirí propuso llenar las cinco minas con agua, proceso que se completaría en 80 años. Según el plan en la mitad de ese tiempo las cinco minas de donde sacará el hierro serían completadas en 80% de su capacidad de agua. Cuando semanas atrás en una charla le preguntaron al gerente de medio ambiente de la empresa, Cyro Croce, ratificó esa proyección, que antes había planteado en una comisión del Parlamento.

Con la idea de Aratirí, las minas se transformarían en verdaderos lagos, con reserva de agua para la zona. Sin embargo, al gobierno no le conforma esa salida, que es tomada de algunas experiencias similares en el exterior.

Una fuente del Poder Ejecutivo explicó a El Observador que le exigirán a Aratirí presentar un plan de cierre que contenga una mitigación con efectos más productivos. Es decir, que no se llenen las cinco minas con agua, sino que algunas de ellas puedan ser reconstruidas para que se permita luego allí realizar actividades agropecuarias y ganaderas. Ello significa que la empresa deberá invertir varios millones de dólares más en la remediación del predio afectado a las minas, que se calcula en 522 hectáreas.

En la actualidad, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) aguarda la respuesta de la empresa con un plan de cierre adecuado a lo que establece la ley de minería de gran porte. De todos modos, en el gobierno están dispuestos a exigir nuevos cambios al proyecto, si no contempla sus aspiraciones.

Desde la empresa se había transmitido a El Observador semanas atrás que existía disposición a adecuar el plan de cierre a las exigencias del gobierno, aunque todavía no habían recibido detalles de la aspiración oficial.

Para acompañar ese proceso de cierre, el gobierno prepara otro decreto en el que incluirá al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en el grupo que realizará el monitoreo de los trabajos. El viernes 21 de febrero Mujica recibió en su casa de Rincón del Cerro al titular del MGAP, Tabaré Aguerre, para “pedirle una mano” con el tema Aratirí, dijo a El Observador una fuente del gobierno. Allí acordaron las nuevas exigencias a la minera, con la que continúan las negociaciones para firmar el contrato de extracción. Aguerre es un hombre con mucha experiencia en el tema del manejo del agua.

Días después, en su audición radial, el mandatario se explayó sobre la preocupación: “La minería puede agregarse a la actividad productiva del país como útil sin afectar a las otras actividades. Pero incluso debe generar recursos para hacer obras fundamentales que el agro uruguayo necesita. Medios que financien obras de riego de largo plazo y con bajísimo interés para que sean amortizables”.

Lo que le falta a Aratirí

Ayer, al participar de un seminario sobre megaminería, el director de la Dinama, Jorge Rucks, recordó que Aratirí no ha respondido a la solicutud de un nuevo plan de cierre de minas actualizado a la ley. Tampoco entregó nueva información de impacto ambiental del nuevo trazado del mineroducto y la terminall portuaria, ya que cambió su ubicación en Rocha.

Según Rucks, resta a la empresa fundamentar impactos referidos al drenaje de ácidos en los cursos de agua afectados. Finalmente Aratirí tiene que enviar a la Dinama los estudios en acuerdo con las intendencias referidos al ordenamiento territorial de las poblaciones ubicadas dentro del complejo minero.

“No está en nuestras manos avanzar más, sino en la empresa”, dijo Rucks en el seminario realizado en la sede del PIT-CNT, y del que participaron, entre otros actores, el titular del MIEM, Roberto Kreimerman, trabajadores del rubro metalúrgico de Uruguay y países de la región, y el representante de la organización ambientalista Uruguay Libre, Raúl Viñas.

Un estudio encargado por Aratirí a un grupo de economistas liderado por el docente Gustavo Bittencourt, indica que el plan de cierre de la empresa mejorará las condiciones del medio ambiente donde piensa operar, tanto en las minas como en las plantas de tratamiento y el territorio que atraviesa el ducto. Ello incluso fue medido en dinero, y la conclusión asegura que el medio ambiente se beneficiará allí en US$ 27,6 millones.

Mientras tanto, el Poder Ejecutivo avanza en las negociaciones para firmar con Aratirí. La administración transmitió su compromiso político de firmar el contrato incluso sin la aprobación ambiental previa, el trámite exigido para poder comenzar a extraer.

De todos modos, aclararon los voceros oficiales que no se moverá una piedra hasta tanto se habilite el proyecto desde el punto de vista ambiental.

EL OBSERVADOR