Ley de armas: una persona procesada cada seis días

En el primer mes de aplicación de la ley de armas Nº 19.247 que penaliza la tenencia y porte ilegal de armas de fuego, y el tráfico de armas, explosivos y municiones, la Justicia penal de Montevideo procesó a cinco personas por esos delitos que hasta ahora no eran perseguidos por no contar con marco legal para actuar.

A ellos se suman tres indagados que podrían ser procesados en las próximas horas. La Policía realizó un allanamiento ayer en el barrio Marconi, donde incautaron 500 proyectiles, una granada, y varias armas de grueso calibre, algunas de las cuales habían pertenecido al Ejército, informaron a El Observador fuentes policiales. El caso viene sindo indagado por el juez penal Roberto Timbal.

La ley promulgada el 16 de agosto, entró en vigencia después y a partir de noviembre se dieron los primeros procesamientos. La norma penaliza con 12 meses de prisión a 12 años de penitenciaría a quienes importen, exporten, adquieran, vendan, entreguen, distribuyan, trasladen o transfieran armas de fuego, municiones y explosivos sin la autorización. Quienes porten armas en lugares públicos sin la debida autorización para su porte o tenencia, será castigado con tres a 18 meses de prisión. Además, establece un plazo de 12 meses, desde la reglamentación de la ley, para que quienes estén fuera de la norma puedan regularizar su situación o entregar el arma. Mientras que el Ministerio del Interior otorga el título de habilitación para adquisición y tenencia de armas (Thata), el Ejército expide la guía de posesión de armas. Las armas ilegales serán incautadas.

El juez de crimen organizado Néstor Valetti lleva desde hace dos años una investigación sobre tráfico de armas hacia Brasil desde hace años y tiene en la mira a varios traficantes que ingresan armas al territorio norteño pero hasta el momento no había podido actuar. Ahora intenta terminar de reunir las pruebas para resolver procesamientos. En tanto, su colega Adriana de los Santos, indaga a tres detenidos por un caso de lavado proveniente de tráfico de armas (ver Apunte).

Donde sí ya hubo procesamientos fue en la justicia penal. El primer caso estuvo a cargo del juez Homero Da Costa, quien procesó al líder del partido Unión por el Cambio (UPC), Marcelo Fuentes por tenencia y porte ilegal de armas el 2 de noviembre. El hombre que se había postulado en la elección interna como candidato –obtuvo 320 votos y no alcanzó el mínimo de 500 para postularse en la elección nacional– tenía 60 armas en su casa de Carrasco, sin documentación que acreditara su propiedad. Además se probó que vendió ilegalmente algunas de las armas que tenía en su poder, aduciendo ser coleccionista.

Por otra parte, la jueza Julia Staricco procesó en el último turno a otros tres hombres por la misma ley. Dos de ellos de ellos, de 21 y 54 años y con antecedentes penales, fueron a prisión por tráfico interno de armas, tras probarse que manejaban un arsenal de 76 armas utilizadas con fines delictivos. En allanamientos en Casabó, Cerrito de la Victoria y Paso de la Arena, se detuvo a cinco personas y se incautaron dos pistolas 9 milímetros, dos escopetas y un revólver calibre 38. El mismo día la Policía inspeccionó un taller de Belvedere, en el que se detuvo a otro hombre, e incautó 19 revólveres, cuatro rifles, ocho escopetas, 40 pistolas, 18 cañones de rifles, seis mecanismos completos de desarmado de escopeta, 3.107 municiones de diferentes calibres, cuatro granadas de fragmentación, miras telescópicas y accesorios varios.

Staricco también procesó a un hombre por tenencia ilegal en lugar público. En un procedimiento policial se le incautó droga y se descubrió que llevaba una arma sin tener autorización legal.

Por ese mismo delito, el juez penal José María Gómez procesó a otro hombre. Debido a que tenía antecedentes penales fue procesado con prisión.

EL OBSERVADOR