Uruguay pidió a la CIDH abolir pena de muerte

México, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Honduras, Panamá, Paraguay, Uruguay, República Dominicana y Francia pidieron hoy fomentar un «debate permanente» en las Américas sobre la necesidad de eliminar la pena de muerte en los nueve países del continente donde sigue vigente de algún modo, entre ellos EEUU y Cuba.

«Es una práctica violatoria de los principios de la Carta Interamericana (de Derechos Humanos) y también de Naciones Unidas. Es una práctica medieval», dijo a periodistas Max Dínger, consultor jurídico de la Cancillería de México, tras intervenir en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por tanto, los 11 países plantearon la posibilidad de impulsar esa causa a través de una resolución en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) -organismo del que depende la CIDH- que se celebrará en junio en Paraguay.

Con alrededor de 80 mexicanos esperando en el corredor de la muerte en Estados Unidos, el Gobierno de México ha intensificado su campaña de presión sobre este asunto a raíz de la ejecución el pasado 22 de enero en Texas de su conciudadano Edgar Tamayo.

Tamayo fue el tercer mexicano en ser ejecutado tras emitirse el Fallo Avena en 2004, en el que la Corte Internacional de Justicia ordenaba a EE.UU. la revisión de los casos de los mexicanos condenados a muerte cuyo derecho a la notificación consular fue violado, para determinar el daño ocasionado debido a ello.

Pese a los insistentes llamados de los Gobiernos de México y EEUU y de la propia CIDH, Texas se negó a revisar el caso de Tamayo y procedió con la sentencia, algo que a todas luces se repetirá el próximo 9 de abril, cuando está prevista la ejecución de Ramiro Hernández, otro reo mexicano protegido por el Fallo Avena.

No obstante, México decidió no plantear en la audiencia su preocupación por el caso particular de Hernández «porque considera que lo que hay que impulsar en el seno de la OEA son políticas generales» contra la pena de muerte, según Dínguer.

Consultado tras la audiencia por el caso de Hernández, Dínguer explicó que México está «presentando recursos a nivel de la Corte Suprema y otros tribunales de EEUU para lograr que en última instancia se pueda conmutar esta pena o aplazar la ejecución».

Sobre la desobediencia de Texas al Fallo Avena, opinó que hace falta «una ley de implementación nacional que obligue a los estados de EEUU a ser congruentes con las sentencias internacionales».

Al contrario que México, Argentina sí planteó en la audiencia su preocupación por el caso de Víctor Saldaño, que lleva unos 18 años en el corredor de la muerte en Texas pese a haber sido condenado en base a un «estereotipo racial», según denunció Julio Ayala, representante alterno argentino ante la OEA.

«Estamos seguros que vamos a ser testigos de la abolición de la pena de muerte como el siguiente gran paso en el derrotero de los derechos humanos», sentenció Ayala.

En la misma línea, el observador permanente de Francia ante la OEA, Jean Claude Nolla, recordó que a su país le llevó casi 200 años abolir la pena de muerte y hoy «no cree en una justicia que mata, una justicia de verdugos, que es injusta e ineficaz».

Amnistía Internacional, a través de su subdirectora para EE.UU. Margaret Huang, señaló que su organización ha detectado «algunos avances positivos» respecto a la aplicación de la pena de muerte en el país norteamericano, pero aún queda mucho por hacer.

«La pena de muerte en EEUU sigue marcada por errores, inconsistencias, disparidad racial y en ocasiones falta de adhesión a provisiones específicas de la ley internacional», resumió Huang.

En ese sentido, el representante de México pidió que más países del continente ratifiquen el protocolo aprobado en Naciones Unidas en 1989, que establece la abolición de la pena capital.

Dentro del continente americano, la pena de muerte sigue vigente hoy en Estados Unidos, Cuba, Guatemala, Barbados, Guyana, Granada, Jamaica, Las Bahamas, y Trinidad y Tobago, si bien en algunos de esos países no se aplica debido a la imposición de moratorias.

Fuente: EFE.