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Más de 2 millones contra Dilma

Más de dos millones de personas tomaron ayer las calles de las principales ciudades de todo Brasil para protestar contra la presidenta, Dilma Rousseff, y para clamar "basta" a la corrupción que carcome la petrolera Petrobras y otros organismos públicos.

La marcha más numerosa, con gran diferencia, se dio en San Pablo, donde más de un millón de personas, según cálculos de la Policía, se congregó en la céntrica Avenida Paulista, convocado por grupos opositores sin vínculo declarado con partidos políticos.

En decenas de ciudades, entre ellas Brasilia, Rio de Janeiro, Belo Horizonte (sureste), Fortaleza (noreste) y Porto Alegre (sur) hubo concentraciones de al menos decenas de miles de personas, que pusieron en evidencia el creciente descontento de las clases medias con el Gobierno brasileño. De acuerdo con datos manejados por el diario O Globo de fuentes de la Policía Militar, el total superó los dos millones.

En una rueda de prensa para hacer balance de las protestas, el titular de la Secretaría General de la Presidencia, Miguel Rossetto, afirmó que en las manifestaciones participaron «mayoritariamente sectores críticos» al Gobierno que en las elecciones del pasado octubre «no votaron» a Rousseff.

La gran mayoría de manifestantes en todo el país vestía ropas amarillas y verdes, colores de la bandera brasileña, y no llevaba distintivos de partidos políticos.

DESTITUCIÓN.

En Brasilia unas 50.000 personas marcharon de forma pacífica hasta las inmediaciones del Congreso, que fue acordonado por la Policía para evitar que, como ocurrió durante las protestas de junio de 2013, la población se subiera a las cúpulas de la sede legislativa. Los principales líderes de la oposición no participaron en las marchas, aunque en los últimos días sí dieron su apoyo expreso a las protestas, vistas con recelo por el Gobierno por los pedidos expresos de que se inicie un juicio político a Rousseff con miras a su destitución.

El excandidato presidencial Aécio Neves, que no salió a la calle, difundió un mensaje a través de Internet en el que animó a los brasileños a «no dispersarse» puesto que consideró que «el camino sólo está comenzando a ser andado».

En las calles, los constantes gritos «Fuera Dilma» y los reclamos a favor de la destitución (impeachment) de Rousseff, quien inició su segundo mandato hace apenas 74 días, el pasado 1 de enero, fueron frecuentes en todos los actos.

El punto común de todas las marchas fue el rechazo frontal a la corrupción, en especial del sonado caso Petrobras, que los manifestantes achacaron en gran medida al Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff y del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tiene el poder desde 2003.

El escándalo en el seno de Petrobras, investigado por la Policía Federal desde hace un año, ha ganado dimensión en las últimas semanas con la apertura de investigaciones a cerca de 50 políticos, en su mayoría oficialistas, que supuestamente recibieron sobornos de miles de millones de dólares desviados de la petrolera.

Este caso y el deterioro de la economía, en especial debido al alza de la inflación, han contribuido a erosionar rápidamente la popularidad de Rousseff que, casi 5 meses después de ganar las elecciones, ronda el 20% de popularidad, según las últimas encuestas.

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Algunos organizadores de las marchas defendieron el carácter «democrático» de los pedidos de dimisión o de la destitución a Rousseff, que el oficialismo cree que esconden veleidades «golpistas» y «revanchistas» por parte de la oposición.

En Rio de Janeiro y en San Pablo pequeños grupos exigieron una «intervención militar» para deponer a Rousseff, coincidiendo ayer con el trigésimo aniversario de la investidura del expresidente José Sarney, el primer jefe de Estado civil después de una dictadura militar que se prolongó por 21 años (1964-1985). Al hacer un balance de las marchas, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, dijo que las protestas muestran que «Brasil está muy lejos de golpismos». Según la visión del Gobierno, los que defendieron posiciones extremistas fueron «una minoría» y la mayoría de la población «tiene un claro compromiso con la democracia». Del mismo modo, Cardozo sostuvo que el Ejecutivo «no fue debilitado» por las manifestaciones, que también criticaron su política económica y las medidas de austeridad.

La jornada de protestas fue pacífica y tan solo se registraron algunos incidentes menores y puntuales rápidamente atajados por la Policía.Brasil, protestas, Dilma Rousseff, corrupción, crisis económica, plan de austeridad,
Neves dijo que esto es solo el «comienzo»

nEl líder opositor brasileño Aécio Neves, candidato derrotado por la presidenta Dilma Rousseff en las últimas elecciones, dijo que las protestas multitudinarias de ayer son el «comienzo» del camino a seguir. En un mensaje difundido a través de Facebook, animó a los brasileños a «no dispersarse» ya que «el camino sólo está comenzando a ser andado».

Neves, presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), dijo que «después de reflexionar mucho» decidió no participar en persona para dejar el protagonismo a los ciudadanos. «Después de reflexionar mucho, opté por no estar en las calles el domingo para dejar muy claro quién es el protagonista principal de estas manifestaciones. Es el pueblo brasileño, el pueblo cansado de tantos excesos, de tanta corrupción», afirmó. El PSDB secundó de forma expresa las manifestaciones, pero no comparte las demandas de iniciar un juicio político a Rousseff.
Anuncian medidas contra la corrupción

Al final de la jornada, dos ministros del gabinete de Rousseff dieron una conferencia de prensa y dijeron que el Gobierno anunciará en los próximos días «un conjunto de medidas para combatir la corrupción y la impunidad» y las enviará al Congreso para su aprobación. El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, sostuvo que el actual «sistema electoral anacrónico es la principal puerta de entrada de la corrupción al país» y que por eso es urgente una reforma política que ponga fin a la financiación empresarial de las campañas electorales. El escándalo de Petrobras develó que las principales empresas constructoras brasileñas destinaron millones a las campañas electorales del PT y otros partidos de la coalición, a cambio de contratos con la petrolera estatal. «Las manifestaciones contrarias al Gobierno son legítimas. Lo que no es legítimo es el golpismo, la violencia, el impeachment infundado que daña la democracia», dijo Miguel Rossetto, secretario de Presidencia.

EL PAÍS

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