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Más paros por violencia: hoy sin clases en liceos públicos

Dos paros en dos días. Mientras las autoridades de la educación seguían revoleando la bandera de la victoria, por ser el primer año en muchos en el que la elección de horas se realizó sin dificultades, las distintas formas de violencia a las que se enfrentan los centros de estudio públicos pusieron a los sindicatos en pie de guerra. No hay luna de miel para la administración de Tabaré Vázquez.

Una madre le pegó a una maestra y 170.000 niños se quedaron ayer sin ir a la escuela. Extraños ingresaron al predio del liceo N° 50, robaron y amenazaron a estudiantes en la puerta de otras instituciones de Secundaria, y son 72.000 los adolescentes que hoy se quedan sin clases.

«¿Dónde está (la directora general de Secundaria) Celsa Puente cuando se la necesita?», preguntaba casi a los gritos ayer, en conversación con El País, el presidente de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES), Emiliano Mandacen. «Pero parece mentira: se fue 15 días de licencia cuando todo se está viniendo abajo», continuó.

El País quiso comunicarse ayer con Puente, pero no obtuvo respuesta. Para el sindicalista, la jerarca está «para sacarse fotos cada vez que hay alguna inauguración», pero «no aparece cuando hay que solucionar los problemas», según Mandacen.

La ministra de Educación, María Julia Muñoz, advirtió ayer que «la medida de paro no soluciona» y que, en cambio, las «medidas activas de movilización» son las que «ayudan» a que se generen cambios.

El paro de hoy en todos los liceos de Montevideo es por múltiples razones. Y todas tienen que ver con cuestiones violentas. La semana pasada, intrusos ingresaron al predio del liceo N° 50 del barrio de Casabó. Hace seis años que los profesores de ese centro claman por seguridad: piden un portero y un muro perimetral. Puente prometió el año pasado cumplir con sus deseos. Lo hizo luego de que una profesora fuera agredida por una alumna, sus familiares y otras personas ajenas a la institución. Pero nada: el muro no se hace realidad.

El liceo 50 está ocupado por los profesores, que hoy a las 10 de la mañana irán a la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), donde se verán cara a cara con las autoridades del Codicen a pedir otra vez lo mismo. Luego decidirán si levantan la medida. Mientras, afuera del Ministerio de Trabajo ADES llevará adelante una manifestación. Luego habrá una asamblea y después una conferencia de prensa.

Pero la medida decidida por el sindicato montevideano de la educación secundaria no se debe solo a lo que pasa con el liceo 50. También hay una serie de situaciones, ocurridas en otras instituciones, que indignan a los docentes y los llevan a recurrir a medidas de fuerza. Por ejemplo, estudiantes de los liceos 19 y 13, ambos del barrio de Maroñas, fueron, según Mandacen, «amenazados» y «agredidos» en la puerta de las instituciones en las últimas semanas.

Por otra parte, los profesores de los liceos 14 y 55 de La Blanqueada, están cansados de las recurrentes bataholas que se arman en la puerta de los centros, entre los alumnos de una y otra institución.

El pasado martes, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, señaló a la prensa que las riñas en las fachadas de los liceos o los problemas de extraños que entran a los predios no era responsabilidad de la policía.

«Hay problemas que se dan que tienen que ver con cómo los alumnos encaran determinadas cosas y después se requiere la acción de la policía. Mientras sigan encarando así las cosas va a ser difícil para la policía, porque lo que está planteado no es un tema policial, es un tema cultural. Que los alumnos de los liceos se vayan a pelear y pelear de forma tan violenta está en otro orden de cosas; la policía va a cumplir con su papel en la medida de lo posible», precisó el ministro.
Primaria.

Al paro de ayer, propuesto por la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu-Montevideo), dejó sin clases a 170.000 alumnos de la capital, Canelones y Maldonado. Los maestros se reunieron ayer en asamblea y reafirmaron la medida que advierte que: cada vez que se agreda a un colega, no habrá clases. La Federación Uruguaya de Maestros (FUM), en tanto, no está de acuerdo con esta medida; no acompañó el paro y por eso en la mayoría de los departamentos del país hubo clases.

Desde la FUM, su presidenta, Elbia Pereira, dijo a El País que «se necesita a la sociedad para poder salir de una vez por todas de estas situaciones en las que se agreden a los maestros», pero advirtió temer que «los paros automáticos» pongan a la sociedad en contra de los maestros y de los sindicatos que los representan.

En menos de un mes de clases hubo dos agresiones contra docentes de Primaria, en manos de madres enfurecidas. Hace dos semanas fue en la escuela N° 102 del balneario Buenos Aires, de Maldonado. El martes fue en el Jardín de Infantes N° 346 de Casabó, donde una madre que sospechaba que su hijo era maltratado en el centro, primero increpó a los gritos contra una maestra y luego golpeó a la directora. El caso está en manos de la Justicia.
Funcionarios ocuparon el edificio de la ANEP

La Unión de Funcionarios del Codicen, conformado por trabajadores administrativos, recursos humanos e infraestructura, ocuparon ayer desde la mañana y hasta horas de la tarde el edificio principal de la ANEP, en Av. Libertador y Colonia. Reclamaban por equiparación salarial y advertían violaciones en la normativa de seguridad laboral. Terminó intercediendo del Ministerio del Trabajo. Un representante de la cartera se acercó al edificio y les dijo que ya había una orden de desalojo que estaba en manos de la Policía. Al rato se terminaron yendo por su propia voluntad. «Nos dicen que ahora con las nuevas autoridades va a haber que discutir en el próximo presupuesto, pero eso no es así, porque las autoridades son las mismas. Wilson Netto va a seguir siendo el presidente de la ANEP», se quejó en declaraciones a El País el dirigente de la Unión de Funcionarios, Ernesto Martínez. Según el gremialista, la ANEP «no concede una reunión bipartita» ni «respeta acuerdos refrendados en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra)». Y «se exigen tareas fuera del perfil de cargos y funcionarios se ven obligados a asumir responsabilidades de los superiores a su cargo».

EL PAÍS

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