Mujica cerró debate: da por hecho llegada de presos de Guantánamo

Mujica dijo ayer en La Hilera (Tacuarembó) que la llegada de los detenidos en Guantánamo es un tema «laudado».

Por su parte, el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, transmitió al Comité Central Israelita que se trata de personas de «muy baja o nula peligrosidad», dijo el presidente de la institución, Sergio Gorzy.

Guerrero junto con el prosecretario Diego Cánepa conversaron ayer durante más una hora con Gorzy y el secretario de la institución judía, Gerardo Stuczynski. Gorzy aseguró que se fue «más tranquilo que cuando entré» y que los representantes del gobierno le habían prometido que el Comité será informado permanentemente. Agregó que los reclusos fueron sometidos a un proceso de evaluación «largo y profesional». Los funcionarios facilitaron datos «confidenciales» sobre las personas que vendrían, que posiblemente sean más de cinco, agregó. Algunos aspectos del eventual acuerdo entre Estados Unidos y Uruguay serán confidenciales, aseguró.

Cánepa y Guerrero transmitieron a los dirigentes judíos que se sintieran libres de buscar información complementaria a través de la embajada de Estados Unidos. Otra organización judía, la B`nai B`rith, fue recibida esta semana por la embajadora de Estados Unidos, Julisa Reynoso, y le manifestó su inquietud por la posible llegada de los presos que, entiende, debería contar con aprobación parlamentaria.

Mujica comentó ayer que, de su parte, «no sigue ninguna polémica, es un asunto laudado, a trabajar y a otra cosa».

«En Uruguay hay muchos refugiados, tenemos a varios, trabajando por un lado, por el otro, haciendo su vida y como estamos en tiempos electorales esto se escapó», agregó Mujica haciendo referencia a las críticas de la oposición a cómo se ha manejado la posible venida de los presos de Guantánamo.

«Los refugiados están sujetos a cuestiones legales, por las cuales los gobiernos que los reciben tienen la obligación de brindarles seguridad y privacidad», agregó.

Los presos que vendrían serían entre 4 y 6, según supo El País. Puede ser que Uruguay necesite ajustar su marco legal si se determina que los hoy cautivos no pueden salir del país por determinado plazo.

Ayer, el senador blanco Sergio Abreu planteó en la Comisión de Defensa de la Cámara alta que el Servicio de Inteligencia del Ministerio de Defensa Nacional brinde información, aunque sea reservada, sobre los antecedentes de las personas que eventualmente vendrían. Abreu señaló que la embajadora de Estados Unidos, Julisa Reynoso «en forma muy ligera, dice: «No son peligrosos». Pero si no eran tan peligrosos, ¿para qué los tuvieron trece años violándoles todos los derechos humanos?». «Desde su punto de vista no son peligrosos, pero nos enteramos que están entrenados específicamente para suicidarse o para llevar adelante acciones suicidas que pueden tener consecuencias tan trágicas como las que tuvo el atentado a la AMIA» (institución judía argentina que sufrió un atentado el 18 de julio de 1994 en el que murieron 85 personas).

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo valoró en un comunicado la intención humanitaria del gobierno. Sin embargo, advirtió que «esta intención humanitaria debe, no obstante, sostenerse en forma clara y precisa, en el ordenamiento jurídico vigente en nuestro país, en especial en las normas sobre asilo, refugio y derechos de las personas migrantes». «Esto implica que las personas que eventualmente lleguen al país en el marco antes referido, no pueden recibir un trato diferente ni ser incorporados a una condición jurídica no prevista en la citada normativa ya que no vendrían a cumplir una pena por la que nunca fueron juzgadas», agrega la institución.

La Asociación de ex Presos Políticos Crysol ofrecerá asesoramiento para los reclusos de Guantánamo que vengan a Uruguay. Su vicepresidente, Waldemar Tarocco, dijo a El País que podrían ayudar a que los refugiados reciban asistencia psicológica para que superen «las secuelas de su secuestro». Actualmente permanecen en Guantánamo 154 prisioneros. Desde 2008 que no ingresa ninguno. Algunos están allí desde 2002 y no han sido juzgados.

EL PAIS