Para la mitad de los uruguayos, la inseguridad es lo más grave

Esta es la principal conclusión a la que llega el último informe del Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop).

«Vázquez recibe un país en crecimiento económico —aunque a menores tasas que en el pasado reciente— con ciudadanos que en general avalan la marcha de la economía, pero que están muy preocupados por su seguridad», dice María Fernanda Boidi, coordinadora regional de Lapop para América del Sur y codirectora del equipo Lapop Uruguay, y también responsable del informe.
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«¿Cómo calificaría la situación económica del país? ¿Diría usted que es muy buena, buena, ni buena ni mala o muy mala?», fue la pregunta de Lapop a los encuestados.

Los uruguayos evalúan la marcha de la economía nacional entre moderada y positivamente. El 44,9% dijo «ni buena ni mala», y el 33,6% «buena». Los juicios positivos («buena» o «muy buena») suman 37,5%, más que duplicando la suma de los juicios negativos («mala» y «muy mala») que reunidos totalizan 17,7%.

Consultados ya no sobre la economía nacional, sino sobre la situación personal, los patrones de respuesta son similares.

«La actual situación económica del país, y las percepciones en torno a ella han hecho que las cuestiones económicas ya no sean la principal inquietud de los uruguayos», dice el informe de Lapop, y recuerda que el Barómetro de las Américas 2010 ya mostraba que las preocupaciones por la seguridad sobrepasaban, por primera vez y con creces, a los temas de la economía.

«Que Uruguay haya salido airoso de la crisis mundial de 2008, que las tasas de desempleo se mantengan bajas, y que los ciudadanos perciban que la economía marcha relativamente bien, explican en gran parte que el tema económico ya no sea la principal preocupación de los uruguayos», indica el informe. En 2014 solo un quinto de los consultados (20,5%) señaló un tema de esta naturaleza como el problema más grave del país, en comparación con 2007, cuando más de seis de cada diez uruguayos (62,9%) mencionaron a la economía como el principal problema. «El marcado ascenso de la preocupación por la seguridad —tema considerado como el más grave por la mayoría absoluta de los consultados en 2012 y 2014— probablemente se explica tanto por las experiencias como por las percepciones en torno a la seguridad», según Lapop.

Sobre la percepción, los datos del Barómetro de las Américas muestran que 2014 es uno de los años en que los uruguayos declararon sentirse más inseguros, con valores muy similares a los del inicio de la serie en 2007 y 2008: 40,8 puntos promedio en una escala de 0 a 100. En esta escala 0 significa «muy seguro» y 100 «muy inseguro»; Uruguay se ubica en el ranking entre Argentina (46,2) y Colombia (45,3), muy por debajo del país más inseguro según las percepciones (Venezuela, 63,2 puntos) pero al mismo tiempo lejos del más seguro (Canadá, 22 puntos).

El Barómetro también mide la experiencia directa con el delito. En 2014, más de uno de cada cinco uruguayos declaró haber sido víctima directa de un delito durante los 12 meses previos a la realización de la encuesta, un valor idéntico al de 2012 y que se ha mantenido estable desde los comienzos de la serie. El 69,2% de los consultados declaró que sucedieron robos en su barrio en el último año, mientras que el 47,1% supo de venta de drogas en su barrio. Un nada despreciable 11,9% supo de asesinatos ocurridos en el lugar donde vive durante el último año.

«Si la economía ha sido un activo de los últimos gobiernos en Uruguay, el tema de la seguridad permanece aún como un tema problemático de acuerdo con los números. (…) Parece claro que según lo que reportaron los ciudadanos al último Barómetro de las Américas, la seguridad es un tema que merece atención y demandará esfuerzo inmediatos; éste será, sin duda, uno de los grandes desafíos del gobierno que comenzará en marzo de 2015», concluye Boidi para Lapop.

La conclusión de Lapop coincide con lo que vienen manejando las encuestas desde hace tiempo: que la seguridad es el tema que más preocupa.

En julio último, en el arranque de la campaña para las elecciones de octubre, la consultora Equipos divulgó una encuesta que indicaba que el 36% de los uruguayos consideraba a la inseguridad o la delincuencia como el principal problema del país. El 14% mencionó el desempleo, 13% la educación, y 7% la situación económica. Algo por debajo se encuentra la preocupación por las drogas (5%), los bajos salarios (4%) o la inflación (3%).

«Este menú de temas ha sido relativamente estable en los últimos años. Desde 2009 la seguridad ha sido el principal problema del país, y el desempleo ha pasado a un segundo o tercer lugar compartido con la educación. Y también aparece la dimensión económica con un lugar relevante. De hecho, si se suman las tres categorías específicas (situación económica + bajos salarios + inflación) se acumula 14%, el mismo nivel que tienen la educación y el desempleo. Y si se considerara el desempleo dentro de la dimensión económica, esta pasaría de hecho al segundo lugar, superando incluso a la educación», explicaba Equipos.

Entonces, parece claro que el menú de preocupaciones se centra en cuatro temas clave: seguridad, educación, desempleo y economía, concluye.
El mensaje que dejó el plebiscito por la baja de la imputabilidad

Junto a las elecciones nacionales del 26 de octubre, se plebiscitó una reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años. La propuesta obtuvo el 47% de apoyo, por lo que fue rechazada. Para que resultara aprobada, debería haber obtenido el 50% más uno de los votos.

De todos modos, el alto porcentaje de apoyo que recibió la baja de la edad de imputabilidad fue recibido como un mensaje de que algo hay que hacer sobre el tema. Así lo reconocieron dirigentes del gobierno y del Frente Amplio, que junto al Pit-Cnt, el sector Alianza Nacional del senador Jorge Larrañaga y varias organizaciones sociales, se oponían a la reforma constitucional.

La propuesta impulsaba una baja en la edad de imputabilidad penal para los siguientes delitos: homicidio, homicidio especialmente agravado, homicidio muy especialmente agravado, lesiones graves, lesiones gravísimas, rapiña, rapiña con privación de libertad, extorsión, secuestro y violación.

La propuesta también suponía que los antecedentes de los adolescentes en conflicto con la ley penal no se destruirían y serían considerados en los procesos penales a los que hubiesen sido sometidos después de cumplir los 16 años.

La reforma, que hubiese implicado modificar el artículo 43 de la Constitución, preveía que fuese «especialmente castigada» la comisión de delitos valiéndose de la participación de niños y adolescentes por parte de personas mayores.

En la campaña electoral, el presidente electo Tabaré Vázquez se comprometió a bajar un 30% las rapiñas en el próximo quinquenio.

EL PAÍS