Registro Civil: peligran 100 casamientos

Hoy puede ser una jornada clave para destrabar el conflicto salarial en los registros públicos, ya que está previsto que el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, reciba a una delegación de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).

«La expectativa es ver qué nos dicen. Lo que los compañeros nos habían planteado es tener una definición para fijar una fecha de pago hacia adelante para luego negociar lo vinculado a la retroactividad», dijo ayer el secretario general de COFE, José Lorenzo López al ser consultado por El País.

Los funcionarios de la Dirección General de Registros y del Registro Civil reclaman el aumento de 26% fijado en la ley de Presupuesto del actual gobierno, vigente desde 2011. El gobierno pretendía aumentar los sueldos de los ministros del Poder Ejecutivo, pero no tuvo en cuenta que por la redacción dada a la norma también se beneficiaba otro importante grupo de funcionarios, debido a las normas de «enganche».

El reclamo salarial también abarca a los gremios del Poder Judicial (jueces, actuarios, defensores de oficio y funcionarios) así como al personal del Ministerio Público, tanto fiscales como funcionarios.

El conflicto salarial tuvo marchas y contramarchas también a nivel judicial, porque en 2012 el Parlamento votó una ley interpretativa que indicó que el aumento regía solamente para los ministros del Poder Ejecutivo, pero esa norma fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.

El gobierno ha estimado que comenzar a pagar el aumento a todos los colectivos implicados representa un incremento de US$ 60 millones en el presupuesto anual, a lo que luego deberá sumarse lo relativo a la retroactividad generada desde 2011, cosa que por el momento no forma parte de la discusión en el marco del conflicto.

AGRAVAMIENTO.

Desde hace dos meses, los funcionarios registrales vienen llevando a cabo medidas gremiales en reclamo de que el Poder Ejecutivo comience a liquidar sus salarios con el aumento establecido en la ley de Presupuesto.

Ante la falta de respuesta, la Asociación de Funcionarios del Registro Civil decidió ayer, en asamblea, que en caso de que en la reunión de hoy con Guerrero el gobierno no transmita una propuesta concreta se suspenderán los casamientos previstos para los días jueves, viernes sábado y domingo. En caso de concretarse, esa medida podría afectar la realización de unas 100 bodas en Montevideo y el área metropolitana.

«Esto sería agudizar bastante el conflicto», expresó ayer a El País el vocero de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, Eduardo Murias.

En la misma línea, los trabajadores del Registro Civil decidieron que de no tener una respuesta del secretario de la Presidencia dejarán de tramitar los pedidos de extranjeros interesados en obtener documentación uruguaya.

Por su parte, los funcionarios de la Dirección General de Registros agravaron ayer las medidas de lucha. Si bien reciben pedidos de certificados en todo el horario (desde el 6 de octubre lo hacían en forma restringida) no entregan la información registral que se requiere antes de cerrar negocios inmobiliarios o de venta de automóviles usados, y eso hace que no haya forma de saber si sobre esos bienes recaen embargos.

«Con esta medida el comercio ya no se mueve», dijo ayer a El País el presidente del sindicato de funcionarios de la Dirección General de Registros, Homero Hernández.

La semana pasada, el presidente de la Asociación de Escribanos del Uruguay, Antonio Sarachu, aseguró que las medidas gremiales llevadas a cabo en los últimos 60 días por los funcionarios de la Dirección General de Registros llevaron a que se retrasaran entre 5.000 y 7.000 trámites registrales.

Operadores de mercado estimaron que desde octubre y hasta ahora unos 1.500 automóviles usados permanecen sin venderse, al tiempo que se demoraron en el entorno de entre 7.000 y 10.000 operaciones inmobiliarias en todo el país. Y ahora, la decisión de los funcionarios de la Dirección General de Registros de no liberar información implica la paralización total de la venta de vehículos usados y propiedades, en una época del año en la que normalmente crece la cantidad de transacciones.

«Se trancó toda la información y con eso todos los negocios. Es una prioridad para muchísima gente de nuestro ramo que se alcance una solución, porque se llegó a la última opción que se podía llegar», expresó a El País el presidente de la Asociación de Concesionarios de Marcas Automotores (Ascoma), Agustín Romelli.
HISTÓRICO.

En tanto, hoy comenzará una medida histórica a nivel de la Asociación de Magistrados del Uruguay, ya que por primera vez los jueces suspenderán audiencias en el marco de las medidas de lucha en reclamo del aumento salarial.

La cancelación de las audiencias se extenderá entre hoy y el miércoles, según lo dispuesto la semana pasada por la Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados del Uruguay en función de la asamblea celebrada a mediados del mes pasado. Allí se resolvió «adoptar progresivamente» medidas gremiales hasta llegar a un «paro total de actividades», aunque se estableció expresamente que en ese caso se mantendrá una «guardia gremial» que atenderá «las materias sensibles», sobre todo lo relacionado con los juzgados penales.

La próxima semana, la gremial de los magistrados evaluará la marcha del conflicto y decidirá sobre la posibilidad de implementar nuevas medidas gremiales en caso de que no exista una respuesta de parte del Poder Ejecutivo.

El próximo paso sería suspender el dictado de sentencias. La operativa judicial ya se encuentra bastante afectada debido a las acciones gremiales desarrolladas por los actuarios judiciales y por los funcionarios de las fiscalías.

La Suprema Corte de Justicia ya decidió que efectivizará descuentos salariales a los jueces ya que se considera que suspender audiencias es una medidas distorsiva del servicio.
Audiencia continúael día 22

nAyer se celebró la primera audiencia en el marco del reclamo que la Asociación de Funcionarios Judiciales y la Asociación de Actuarios presentaron contra el Estado en reclamo del pago de los salarios con el aumento previsto en la ley de Presupuesto. La demanda asciende a US$ 56 millones y la jueza que tramita el expediente fijó la próxima instancia para el lunes 22 de diciembre.

EL PAÍS